Con mucho esfuerzo y un amplio debate de todos los sectores involucrados, luego de más de dos años de tratamiento de este Proyecto de Ley, logramos consensuar el Código Procesal Penal para niños, niñas y adolescentes que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados de Santa Fe.

Desde la Comisión de Derechos y Garantías debatimos este proyecto  con  fuerte compromiso y convicción. Es un tema que venimos trabajando desde la gestión anterior, impulsado por el entonces diputado y hoy concejal de Rosario, Eduardo Toniolli,  acompañados, entre otros funcionarios, por el ex Ministro de Justicia Juan Lewis, trabajando inclusive en discrepancia pero con la idea común de darle un marco regulatorio específico a la justicia penal juvenil. Por eso pusimos nuevamente en debate este proyecto en 2016, luego de que perdiera estado parlamentario, porque entendemos que el futuro de muchos pibes está pendiente de esta ley.

Este proyecto trabaja sobre situaciones dramáticas: un pibe en conflicto con la ley penal está perdiendo su cotidianeidad y su presente y está cercenando su futuro. Por eso la insistencia y la celeridad en sancionar este tipo de leyes, para permitir no sólo la posibilidad de juzgar a menores en conflicto con la ley penal, sino principalmente para brindar herramientas, derechos y garantías, para que el menor pueda afrontar su debido proceso con la mayor tranquilidad posible, y para que se resguarde fundamentalmente el interés superior del niño.

Es un punto destacable, porque desde la demagogia punitiva se presta mucha atención a  la necesidad de meter a los pibes presos. Nosotros, por el contrario, entendemos que la ley debe enfocarse  en que los procesos sean lo más dinámicos y menos traumáticos posible, garantizando la mayor cantidad de derechos para los menores. Ningún pibe nace chorro ni mereciéndose estar preso. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho en desarrollo, por eso son mayores aún los recaudos y garantías que el Estado debe resguardar para que los procesos penales se den en el marco de los principios declarados en tratados internacionales y consagrados tanto en la constitución nacional como provincial.

Los proyectos que debatimos tienen enfoques diversos y, muchas veces, guardan diferencias profundas. En este sentido, defendimos nuestra postura de sancionar una ley específica en vez de incorporar y modificar el Código Procesal Penal. Entre todos hemos arribado a una síntesis saludable de las distintas propuestas. No es menor que en temas tan sensibles logremos acuerdos legislativos para la sanción de leyes fundamentales.
Tenemos un conjunto de normas que hacen más ágil el traspaso de la  justicia procesal penal juvenil a la que hoy estamos sancionando, de los viejos juzgados de menores a los nuevos colegios de jueces. Tenemos equipos interdisciplinarios, participación y capacitación suficiente tanto del Ministerio Público de la Acusación como del Servicio Público de Defensa, para trabajar específicamente en el área.

Es importante que hayamos logrado los acuerdos legislativos necesarios para el traspaso de los funcionarios del viejo al nuevo sistema. Vamos a depositar en estos funcionarios judiciales ni más ni menos que la posibilidad de tener un debido proceso, fundamentado y con garantías suficientes para nuestros menores en la provincia de Santa Fe.

Quiero hacer un reconocimiento a trabajadores y trabajadoras de equipos interdisciplinarios, del poder judicial, de sindicatos, jueces y juezas que se han involucrado en el tema, que nos han acompañado enriqueciendo el debate con sus aportes. Es sumamente importante que nuestra provincia adecúe su normativa a un proceso penal específico para niños, niñas y adolescentes. Parece incómodo, porque la política suele correr detrás de algunos mensajes fantasmagóricos y demagógicos que no compartimos, pero es justo y necesario proteger a nuestros pibes en un proceso penal y brindarles las garantías necesarias de acuerdo a lo que establecen los estándares nacionales e internacionales de justicia.