El asesinato del  joven Rafael Nahuel, de 22 años, ocurrido en Villa Mascardi, Bariloche, a manos del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina el pasado sábado 25 de noviembre, nos coloca a todos ante la necesidad imperiosa de repudiar hechos semejantes, reflexionar y manifestarnos.

Como sociedad no tuvimos tiempo de procesar el dolor que nos produjo la muerte de Santiago Maldonado, producto de la represión de las fuerzas de seguridad que deben protegernos, nos falta conocer las causas y determinar las responsabilidades más allá de los resultados de la autopsia, y en el mismo día de su velatorio debemos lamentar otra muerte, otro joven, otra vida perdida por decisión del Gobierno Nacional.

Los argentinos elegimos vivir en democracia mucho antes de elegir a este gobierno. Vivir en democracia implica la sujeción a las leyes, implica el respeto a determinados procedimientos y protocolos y, fundamentalmente, al Estado de Derecho. Si perdemos de vista esto, estamos perdidos como sociedad.

Hace una semana, el decreto 950/2017 del Poder Ejecutivo promulgó la ley 26.160 que suspende por cuatro años los desalojos en tierras habitadas por comunidades originarias, hasta que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas concluya el relevamiento de territorios de esas comunidades. Pero en esos territorios, los desalojos violentos se suceden a diario, llegando al extremo inadmisible del asesinato por la espalda de un joven desarmado.

El cambio que trajo el gobierno se ve en las calles con el aumento de la represión de la protesta social, la instalación del miedo y el silenciamiento de voces opositoras, para poder llevar adelante un ajuste feroz sobre los trabajadores y los jubilados. La represión a la comunidad Mapuches es ejemplo de este autoritarismo de Cambiemos, el mismo que utiliza para imponer medidas políticas y económicas, que lesiona y degrada profundamente nuestros valores sociales.

Este “clima de época” no puede estar por encima de la Constitución Nacional y eso es, justamente, lo que se está avalando y fomentando a diario desde el poder ejecutivo.  Las fuerzas de seguridad se sienten impunes para realizar allanamientos sin orden judicial, para utilizar armas de guerra y municiones letales para reprimir y desalojar a civiles, a los que se identifica como “el enemigo interno”.

Lamentablemente, estamos repitiendo una historia nefasta que le costó la vida a miles de argentinos en décadas pasadas. Esta forma de responder a conflictos sociales se ha repetido en los últimos 2 años, no parece un hechos aislado, más bien una forma de “persuadir” y disciplinar a la sociedad, de imponer el cambio sin oposición. Desde nuestro espacio repudiamos esta escalada de violencia que está generando el gobierno de Macri, que trae consigo la división y el enfrentamiento entre argentinos, exigimos justicia por Rafael y por Santiago y hacemos un llamado a la reflexión a para que no avalemos el exterminio del otro, sino al sistema republicano y democrático siempre y en cada rincón de nuestro país.